(04-08-09)  La organización ecologista Greenpeace ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Blanco, en la que le exigen una investigación "lo antes posible" para depurar responsabilidades y sancionar a los culpables del vertido producido el jueves pasado en las instalaciones de CEPSA en la provincia de Huelva, y que ha afectado ya a las playas de Huelva y Cádiz además del Parque Nacional de Doñana.

Además, también se ha enviado otra misiva al Capitán Marítimo de Huelva para solicitarle que considere a los ecologistas interesados y comparecidos en el expediente correspondiente, con el objetivo de iniciar las acciones legales pertinentes. "Todas las operaciones de descontaminación tendrán que ser costeadas por la empresa responsable del accidente, a la espera de las sanciones correspondientes, dado el reiterado historial de vertidos con los que cuenta la empresa en Huelva", indicó el responsable de la campaña Contaminación de Greenpeace, Julio Barea.

E nuevo vertido al mar de 30 toneladas de hidrocarburo (según la subdelegación del Gobierno en Huelva) se debe a las operaciones de descarga del buque SCF Caucasus en la refinería de CEPSA en Palos de la Frontera (Huelva). Así, señala que el vertido afecta a más de 15 kilómetros de costas y alcanza a parajes de alto valor ecológico, como el Parque Nacional de Doñana e insiste en que a pesar de las tareas de limpieza y el uso en alta mar de productos dispersantes es posible que sigan llegando manchas de combustible a las costas durante los próximos días.

A falta de la evaluación de los daños ambientales del vertido sobre la fauna y flora de la zona, así como los económicos sobre el turismo y las pesquerías de la zona, la ONG denuncia que ni la Junta de Andalucía ni la subdelegación del Gobierno en Huelva han aclarado aún qué tipo de hidrocarburo es el que se ha vertido, cuánto se ha recogido en alta mar ni cuánto ha llegado a las costas.

Finalmente, insiste en que en casos como el vertido de CEPSA no sólo se debe esperar a recoger hidrocarburos en las playas, sino que deben primar las operaciones de limpieza en alta mar para evitar que el combustible se hunda por la acción de los productos químicos empleados para disolver la mancha y termine afectando a los ecosistemas marinos o llegue a la costa.

Greenpeace ha denunciado desde hace años que la actividad del Polo Químico de Huelva supone una bomba de relojería para la zona con vertidos como los fosfoyesos de Fertiberia o los de la planta de cloro y la refinería que se extienden hasta las playas de Mazagón. Esto provoca que la comarca padezca elevadas tasas de contaminación en sus suelos, aguas y aire, y sea el punto con mayor riesgo de mortalidad de España.

Por si esto no fuera suficiente, la Junta de Andalucía pretende dar el visto bueno a la instalación, en la misma zona, de una nueva monoboya y un oleoducto donde descargarían anualmente más de 100 petroleros. Esta nueva tubería en el mar daría servicio a la refinería Balboa que se pretende construir en Badajoz e incrementaría significativamente la posibilidad de derrames y accidentes en una zona ya especialmente castigada por la contaminación.