(GP / 24-07-09)  Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania ya han anunciado su apoyo a la propuesta de Mónaco de suspender el comercio internacional de atún rojo e incluirlo en CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres).

Ante este pronunciamiento de cuatro de los principales países de la UE, organizaciones de protección medioambiental piden al Gobierno español que tome ejemplo y se una a esta petición.

Desde 2006, la comunidad científica ha dado señales de alarma sobre el estado de los stocks de atún rojo, advirtiendo de que las cuotas no deberían superar las 15.000 toneladas y se deberían proteger las áreas de puesta y alevinaje. Sin embargo, esas áreas de puesta están siendo esquilmadas.

La captura estimada en 2007 fue de 61.000 toneladas, el doble de lo establecido y cuatro veces lo recomendado por los científicos. El supuesto “plan para la recuperación” de 2008 de atún rojo sigue permitiendo capturas un 47% por encima de su límite sostenible.

“Greenpeace celebra la decisión de Alemania, Francia, Mónaco y Reino Unido de prohibir el comercio de atún rojo bajo la Convención CITES” ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. “La situación de esta especie es tan alarmante que es necesaria la prohibición de su comercio internacional para prevenir un colapso de las pesquería tal y como se hizo con el bacalao de Newfoundland”.

Según la organización, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en sus siglas en inglés) nunca ha escuchado a la comunidad científica y no ha establecido las cuotas recomendadas por estos, por lo que ahora los gobiernos deben usar otras herramientas para proteger esta especie antes de que sea demasiado tarde.

“El principal responsable del estado actual de los stocks de esta especie es ICCAT que ha fallado en su gestión. Ahora es el momento de proteger esta especie bajo un convenio internacional como es CITES” continua Ojeda.

El año pasado un panel de expertos lanzó un informe donde revisaba la gestión realizada por el ICCAT y recomendó “la suspensión de la pesquería de atún rojo del Atlántico este y del Mediterráneo”, añadiendo que la “gestión de la pesquería de esta especie en el Mediterráneo está clasificada como una desgracia internacional”.

Greenpeace considera que, además de la prohibición de comercio internacional, la población existente de atún rojo debe tener la oportunidad de recuperarse a través de la declaración de Reservas Marinas que protejan sus áreas de desove. Por ello la organización propone la creación del Santuario Balear para atún rojo y considera que el gobierno español tiene a su disposición la herramienta para proteger estas zonas a través de la Regulación Mediterránea y el deber de prohibir el comercio de esta especie a través de su inclusión en CITES.

Se pide la declaración de una red global de reservas marinas que abarque el 40% de los océanos como esencial para protegerlos de los impactos del cambio climático, recuperar la salud de los stocks pesqueros y proteger la vida marina de la destrucción y el colapso.