(BV / 24-03-07) Tal vez es una maniobra política, o un reflejo de miles de peticiones o, simplemente, un acto de tardía sensatez. La noticia es que el Consejo de Ministros del Gobierno español celebrado el pasado viernes, ha encargado a una empresa petrolera que realice una completa inspección visual del pecio del Prestige, a unos 4.000 metros de profundidad, para comprobar el estado del buque y valorar el volumen de fugas de fuel que ahora tiene.

Las estimaciones de la petrolera, que fue la que extrajo fuel tras el hundimiento, apuntan a que quedan unas 1.500 toneladas de fuel repartidas en las dos partes en que se rompió el petrolero, mientras que la fuga que no se pudo tapar en su momento, se cuantificó en veinte litros diarios de vertido. Los rastros de contaminación no han parado de aparecer en todo este tiempo y, desde finales del pasado verano, se han recrudecido los avistamientos de manchas de fuel en las cercanías del hundimiento. Hasta noviembre de 2006, no llegó la primera comunicación “oficial” de que se estaban registrando manchas de fuel en superficie, según se reflejaba en un trabajo elaborado por el Instituto Español de Oceanografía.

Por otra parte, la Xunta de Galicia ha reconocido que quedan más de 1.100 toneladas en los fondos afectados por la marea negra y que aún no se han tratado 60.000 toneladas de residuos, aproximadamente el 75% del chapapote que recogieron miles de voluntarios. La vicepresidenta primera del Gobierno ha declarado que la nueva operación encargada a Repsol YPF tendrá un coste de tres millones de euros y se realizará entre junio y septiembre, además de que un equipo de técnicos y científicos elaborará un plan de investigación y desarrollo a medio y largo plazo, para mejorar las tecnologías de prevención y seguimiento y trasladar a la sociedad las máximas garantías sobre la evolución futura de las fugas que se detecten en el Prestige.